Narcotráfico en Colombia se refiere a la evolución histórica de la producción y distribución de drogas ilícitas de efectos psicotrópicos en Colombia, desde sus inicios hasta la actualidad.
Colombia ha tenido cuatro de los carteles de narcotráfico más poderosos del mundo, que en algunos lugares crearon una nueva clase social e influenciaron grandemente la cultura colombiana. El uso de la hoja de coca, la marihuana y otras plantas, había sido parte del estilo de vida de algunas comunidades indígenas a lo largo de América del Sur, pero la demanda mundial de drogas psicoactivas durante las décadas de 1960 y 1970 incrementaron la producción y procesamiento de estas en Colombia. Se implementaron leyes de prohibición en Estados Unidos y en Colombia para sofocar el efecto negativo de las drogas en la sociedad y castigar a quienes las cultivaran, poseyeran, comercializaran o distribuyeran.
Desde el establecimiento de la guerra contra las drogas, los Estados Unidos y algunos países europeos han proveído al gobierno colombiano ayuda logística y financiera para implementar planes que permitan combatir el tráfico de drogas. El programa más notable ha sido el polémico Plan Colombia, el cual también está destinado a combatir los grupos armados ilegales calificados por estos países como terroristas, entre ellos paramilitares y guerrillas, que en la década de 1980 empezaron a financiar sus actividades con esta actividad ilícita.
A pesar de estos programas Colombia sigue siendo el líder mundial en producción de cocaína con aproximadamente el 70% del total de distribución a nivel mundial y el 90% del procesamiento, según un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos en 2004.[1]
En junio de 2008 se reveló un informe de las Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, en el que alertaba del crecimiento de cultivos de cocaína en el país durante 2007. Mientras que en 2006 los cultivos comprendían 78.000 hectáreas sembradas. Cartel de la Costa [editar]Artículo principal: Cartel de la Costa
El Cartel de la Costa o Cartel de la Costa Atlántica fue una agrupación dedicada a la fabricación y tráfico de droga que funcionaba en la ciudad de Barranquilla y en la Región Caribe en el norte de Colombia, controlaba el comercio de droga con otras regiones del país y con países limítrofes además de la producción local. El jefe del Cartel de la Costa era Alberto Orlandez Gamboa alias "Caracol" quien fue extraditado a Estados Unidos en el año 2000 y condenado a 40 años de prisión en 2005.[4]
Acaba de realizarse la visita de Bush a Colombia. Muy seguramente los resultados de este breve diálogo de cuatro horas entre el reelegido emperador y el posiblemente reelegido lacayo, tendrán unas trágicas consecuencias para el futuro inmediato de los colombianos. Es fácil intuir que se hicieron "acuerdos" para extender el Plan Colombia a su segunda fase, buscando consolidar la lucha contra el ogro del "narcoterrorismo" y derrotar militarmente a la guerrilla.
De otro lado, muy seguramente, el presidente Uribe terminó de arrodillarse para asegurar la firma del Tratado de Libre Comercio, proceso concluyente de la recolonización económica y política de nuestro país por parte de los Estados Unidos. Los Estados Unidos seguirán en el futuro esgrimiendo públicamente el sofisma de la lucha contra el narcotráfico para justificar su intervención en Colombia, polarizando el conflicto y aplazando su solución con enormes costos humanos, sociales y económicos.
Durante el 2003, por ejemplo, han sido fumigadas con glifosato 133 mil hectáreas de coca. Sin embargo, la reducción del área sembrada durante este año sólo asciende a 15.731 hectáreas, de las cuales cuatro mil fueron erradicadas de manera manual. Esto quiere decir que por cada hectárea realmente erradicada se fumigaron otras 11. Esto demostraría a cualquiera el fracaso de esta política sadomasoquista de la administración de los Estados Unidos y el gobierno colombiano.
No obstante, el establecimiento colombo-estadounidense repite sin cesar que la destrucción de los cultivos de coca, es "la lucha contra el narcotráfico", mientras tanto Uribe habla de "matas de droga" y de "campesinos cultivadores narcotraficantes" tratando premeditadamente de introducir un mito que conduzca a la opinión pública a apoyar una política antidrogas abiertamente equívoca, lesiva y contraria a los intereses nacionales.
Se trata de dar a entender que la actividad del narcotráfico existe porque existen los cultivos de coca, amapola y marihuana. En la realidad, la actividad económica de los cultivos de coca en las zonas de colonización campesina de Colombia es el resultando de la convergencia en estos territorios de problemas políticos, económicos y sociales.
Esta actividad existe porque existen problemas estructurales irresueltos en el campo colombiano y fundamentalmente porque existe un capital internacional del narcotráfico que demanda la materia prima de la hoja de coca. En la génesis del problema están el irresuelto conflicto agrario colombiano, la concentración de la tenencia de la tierra, la expulsión y desplazamiento de masas campesinas, la irrupción de la apertura neoliberal, su modelo de desarrollo excluyente, el aumento del consumo de drogas en el mundo y la coyuntura, desde los años 70, del tráfico y el consumo de cocaína.
Estos elementos, que hacen parte de la dinámica del conflicto político, social y armado colombiano, igualmente explican la ocurrencia de los cultivos de coca como una actividad de resistencia y de economía campesina, así como el auge del narcotráfico y sus impactos en todas las esferas de de la vida política y económica de la sociedad colombiana.
El discurso de la "guerra contra las drogas" con el cual los Estados Unidos justifican la intervención política y militar en el conflicto colombiano, a través del Plan Colombia, esconde intereses que trascienden el proceso de producción, tráfico y consumo de estupefacientes, y que tienden a garantizar el flujo continuo de recursos estratégicos como el petróleo y al establecimiento de un orden continental neomercantilista mediante la implementación del Tratado Bilateral de Libre Comercio y del Área de Libre Comercio de las Américas.
En el caso colombiano vemos cómo se busca narcotizar el conflicto y se asocia, desde el proyecto político e ideológico dominante, al narcotráfico y al terrorismo con la lucha reivindicativa de los movimientos sociales y populares, y con la lucha de los movimientos guerrilleros por la toma y el control del poder político.
De tal forma, el sofisma del "narcoterrorismo" sirve para neutralizar disidencias y reprimir desafíos a la propuesta neocolonial impuesta por la administración de los Estados Unidos. En el plano local y regional, escenario donde se desenvuelven los conflictos alrededor de la lucha por el derecho a la tierra y de la dignificación de la vida de comunidades campesinas, indígenas y negras, históricamente excluidas, la política de "guerra contra el narcoterrorismo" tiene impactos devastadores.
Se ha militarizado y paramilitarizado la vida social, se destruyen las organizaciones sociales por la vía del asesinato, la desaparición o la amenaza, se ha fumigado con glifosato indiscriminadamente, se cometen detenciones masivas y arbitrarias, se violan los derechos humanos de forma masiva y sistemática. Las fumigaciones indiscriminadas con glifosato han afectado gravemente la economía campesina, el estado de salud de los pobladores rurales y están produciendo impactos ambientales impredecibles al fumigarse selvas nativas, ríos, quebradas, ciénagas y humedales en ecosistemas estratégicos.
De lo verificado en la región del valle del río Cimitarra, en el Magdalena Medio, se ha evidenciado que por cada hectárea de coca fumigada se fumigaron en promedio cuatro hectáreas más de selvas, cuerpos de agua y cultivos de pancoger. La fumigaciones del Plan Colombia son una causa más del desplazamiento forzado, que se suma al accionar militar y paramilitar, al establecimiento de bloqueos alimentarios y sanitarios a zonas campesinas, haciendo mucho más precarias y pauperizando las condiciones de vida de las comunidades rurales.
Colombia ha tenido cuatro de los carteles de narcotráfico más poderosos del mundo, que en algunos lugares crearon una nueva clase social e influenciaron grandemente la cultura colombiana. El uso de la hoja de coca, la marihuana y otras plantas, había sido parte del estilo de vida de algunas comunidades indígenas a lo largo de América del Sur, pero la demanda mundial de drogas psicoactivas durante las décadas de 1960 y 1970 incrementaron la producción y procesamiento de estas en Colombia. Se implementaron leyes de prohibición en Estados Unidos y en Colombia para sofocar el efecto negativo de las drogas en la sociedad y castigar a quienes las cultivaran, poseyeran, comercializaran o distribuyeran.
Desde el establecimiento de la guerra contra las drogas, los Estados Unidos y algunos países europeos han proveído al gobierno colombiano ayuda logística y financiera para implementar planes que permitan combatir el tráfico de drogas. El programa más notable ha sido el polémico Plan Colombia, el cual también está destinado a combatir los grupos armados ilegales calificados por estos países como terroristas, entre ellos paramilitares y guerrillas, que en la década de 1980 empezaron a financiar sus actividades con esta actividad ilícita.
A pesar de estos programas Colombia sigue siendo el líder mundial en producción de cocaína con aproximadamente el 70% del total de distribución a nivel mundial y el 90% del procesamiento, según un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos en 2004.[1]
En junio de 2008 se reveló un informe de las Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, en el que alertaba del crecimiento de cultivos de cocaína en el país durante 2007. Mientras que en 2006 los cultivos comprendían 78.000 hectáreas sembradas. Cartel de la Costa [editar]Artículo principal: Cartel de la Costa
El Cartel de la Costa o Cartel de la Costa Atlántica fue una agrupación dedicada a la fabricación y tráfico de droga que funcionaba en la ciudad de Barranquilla y en la Región Caribe en el norte de Colombia, controlaba el comercio de droga con otras regiones del país y con países limítrofes además de la producción local. El jefe del Cartel de la Costa era Alberto Orlandez Gamboa alias "Caracol" quien fue extraditado a Estados Unidos en el año 2000 y condenado a 40 años de prisión en 2005.[4]
Acaba de realizarse la visita de Bush a Colombia. Muy seguramente los resultados de este breve diálogo de cuatro horas entre el reelegido emperador y el posiblemente reelegido lacayo, tendrán unas trágicas consecuencias para el futuro inmediato de los colombianos. Es fácil intuir que se hicieron "acuerdos" para extender el Plan Colombia a su segunda fase, buscando consolidar la lucha contra el ogro del "narcoterrorismo" y derrotar militarmente a la guerrilla.
De otro lado, muy seguramente, el presidente Uribe terminó de arrodillarse para asegurar la firma del Tratado de Libre Comercio, proceso concluyente de la recolonización económica y política de nuestro país por parte de los Estados Unidos. Los Estados Unidos seguirán en el futuro esgrimiendo públicamente el sofisma de la lucha contra el narcotráfico para justificar su intervención en Colombia, polarizando el conflicto y aplazando su solución con enormes costos humanos, sociales y económicos.
Durante el 2003, por ejemplo, han sido fumigadas con glifosato 133 mil hectáreas de coca. Sin embargo, la reducción del área sembrada durante este año sólo asciende a 15.731 hectáreas, de las cuales cuatro mil fueron erradicadas de manera manual. Esto quiere decir que por cada hectárea realmente erradicada se fumigaron otras 11. Esto demostraría a cualquiera el fracaso de esta política sadomasoquista de la administración de los Estados Unidos y el gobierno colombiano.
No obstante, el establecimiento colombo-estadounidense repite sin cesar que la destrucción de los cultivos de coca, es "la lucha contra el narcotráfico", mientras tanto Uribe habla de "matas de droga" y de "campesinos cultivadores narcotraficantes" tratando premeditadamente de introducir un mito que conduzca a la opinión pública a apoyar una política antidrogas abiertamente equívoca, lesiva y contraria a los intereses nacionales.
Se trata de dar a entender que la actividad del narcotráfico existe porque existen los cultivos de coca, amapola y marihuana. En la realidad, la actividad económica de los cultivos de coca en las zonas de colonización campesina de Colombia es el resultando de la convergencia en estos territorios de problemas políticos, económicos y sociales.
Esta actividad existe porque existen problemas estructurales irresueltos en el campo colombiano y fundamentalmente porque existe un capital internacional del narcotráfico que demanda la materia prima de la hoja de coca. En la génesis del problema están el irresuelto conflicto agrario colombiano, la concentración de la tenencia de la tierra, la expulsión y desplazamiento de masas campesinas, la irrupción de la apertura neoliberal, su modelo de desarrollo excluyente, el aumento del consumo de drogas en el mundo y la coyuntura, desde los años 70, del tráfico y el consumo de cocaína.
Estos elementos, que hacen parte de la dinámica del conflicto político, social y armado colombiano, igualmente explican la ocurrencia de los cultivos de coca como una actividad de resistencia y de economía campesina, así como el auge del narcotráfico y sus impactos en todas las esferas de de la vida política y económica de la sociedad colombiana.
El discurso de la "guerra contra las drogas" con el cual los Estados Unidos justifican la intervención política y militar en el conflicto colombiano, a través del Plan Colombia, esconde intereses que trascienden el proceso de producción, tráfico y consumo de estupefacientes, y que tienden a garantizar el flujo continuo de recursos estratégicos como el petróleo y al establecimiento de un orden continental neomercantilista mediante la implementación del Tratado Bilateral de Libre Comercio y del Área de Libre Comercio de las Américas.
En el caso colombiano vemos cómo se busca narcotizar el conflicto y se asocia, desde el proyecto político e ideológico dominante, al narcotráfico y al terrorismo con la lucha reivindicativa de los movimientos sociales y populares, y con la lucha de los movimientos guerrilleros por la toma y el control del poder político.
De tal forma, el sofisma del "narcoterrorismo" sirve para neutralizar disidencias y reprimir desafíos a la propuesta neocolonial impuesta por la administración de los Estados Unidos. En el plano local y regional, escenario donde se desenvuelven los conflictos alrededor de la lucha por el derecho a la tierra y de la dignificación de la vida de comunidades campesinas, indígenas y negras, históricamente excluidas, la política de "guerra contra el narcoterrorismo" tiene impactos devastadores.
Se ha militarizado y paramilitarizado la vida social, se destruyen las organizaciones sociales por la vía del asesinato, la desaparición o la amenaza, se ha fumigado con glifosato indiscriminadamente, se cometen detenciones masivas y arbitrarias, se violan los derechos humanos de forma masiva y sistemática. Las fumigaciones indiscriminadas con glifosato han afectado gravemente la economía campesina, el estado de salud de los pobladores rurales y están produciendo impactos ambientales impredecibles al fumigarse selvas nativas, ríos, quebradas, ciénagas y humedales en ecosistemas estratégicos.
De lo verificado en la región del valle del río Cimitarra, en el Magdalena Medio, se ha evidenciado que por cada hectárea de coca fumigada se fumigaron en promedio cuatro hectáreas más de selvas, cuerpos de agua y cultivos de pancoger. La fumigaciones del Plan Colombia son una causa más del desplazamiento forzado, que se suma al accionar militar y paramilitar, al establecimiento de bloqueos alimentarios y sanitarios a zonas campesinas, haciendo mucho más precarias y pauperizando las condiciones de vida de las comunidades rurales.
LUIS GONZALO CONTRERAS REDONDO 1103
kelly alarcon
ResponderEliminarel tema que nos esta dando a conocer es muy bueno porque asi sabemos como esta reinando el narcotrafico en colombia y otros paises